Impuestos, ayudas sociales, pensiones y funcionarios: todo lo que se sabe de los Presupuestos que aprueba este martes el Consejo de Ministros

Tras dos meses de negociaciones internas, el Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que podrían ser las primeras cuentas públicas que se aprueban en España desde 2018, debido a la falta de acuerdos parlamentarios en 2019 y al impacto de la crisis del coronavirus en 2020.

El presupuesto para el próximo año ya inició su proceso de aprobación el pasado 6 de octubre, cuando el Ejecutivo aprobó el cuadro macroeconómico para 2021 y el límite de gasto no financiero, que se situó en 196.097 millones de euros debido a la incorporación de los fondos del plan europeo de recuperación del coronavirus y las transferencias a la Seguridad Social y las autonomías.

Por delante queda todavía el inicio de los trámites parlamentarios para su aprobación, que comenzarán el 13 o el 20 de noviembre con la votación de enmiendas al proyecto, mientras que la primera votación de las cuentas en el Pleno del Congreso podría celebrarse el 19 o el 26 de noviembre, para que esté listo para entrar en vigor en los primeros días de enero de 2021.

Sin embargo, a pocas horas de que se conozcan los pormenores de las cuentas públicas para 2021, todavía hay varios puntos y partidas de los futuros presupuestos que todavía están por acordar entre los miembros de la coalición de Gobierno, especialmente respecto a posibles subidas de impuestos y a la creación de límites a las subidas de alquiler.

Medidas confirmadas para los próximos presupuestos: pensiones, tasas Google y Tobin e impuestos verdes 

No obstante, ya hay varios puntos de los próximos presupuestos que se han ido desvelando en las últimas semanas, como la revalorización de las pensiones, que será finalmente de un 0,9%, tal y como explicaba el Ejecutivo a las autoridades comunitarias en el plan presupuestario remitido hace 10 días a Bruselas.

Ese porcentaje busca que las prestaciones que reciben los jubilados y el resto de colectivos que cobran una pensión se equiparen al aumento de la inflación, como podría suceder también con los salarios de los funcionarios que, tras rumores de una posible congelación, podrían revalorizarse también un 0,9% en 2021, como avanza la Cadena Ser.

También está confirmada la presencia en los presupuestos de las ya aprobadas tasas Tobin y Google y de una tasa sobre envases de plástico que el Ejecutivo prevé aprobar y aplicar durante 2021. Además, también incorpora el alza del IVA de las bebidas azucaradas del 10% al tipo general del 21% y las medidas del plan contra el fraude, como los límites al dinero en efectivo o a las criptodivisas.

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Todas estas medidas formaban parte del borrador presupuestario enviado a Bruselas, que también incluía, aunque sin mencionarlas expresamente, otros cambios en materia fiscalen línea con las subidas de impuestos que el Gobierno de coalición está negociando durante los últimos meses para incluirlas en los presupuestos de 2021.

Además, hay varias medidas de política social que están ya confirmadas, como el aumento de los permisos de paternidad de 12 a 16 semanas. Mientras, de otras iniciativas, las ayudas a familias monoparentales y los aumentos de las partidas para residencias y del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), falta por desvelarse su cuantía o posibles alzas.

Las medidas que se desvelarán este martes: IRPF, IVA, alquileres y planes de pensiones privados

Mientras, quedan por definir algunas de las partidas que más dificultades han generado dentro de la coalición de Gobierno, especialmente las que se refieren a subidas de impuestos, retiradas de bonificaciones fiscales o medidas para frenar el encarecimiento del alquiler.

En cuanto a la subida del IRPF a las rentas más altas, la medida ya fue aprobada por el Gobierno en minoría del PSOE en enero de 2019 con un alza de 2 puntos para ingresos de más de 130.000 euros brutos anuales y de 4 puntos para los que superen los 300.000 euros, aunque no llegó a entrar en vigor al rechazar el Congreso el proyecto de Presupuestos y convocarse elecciones anticipadas.

La subida del IRPF fue rescatada en el acuerdo de coalición que PSOE y Unidas Podemos firmaron a finales de diciembre, aunque en las últimas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado partidaria a limitar el aumento de tipo impositivo a las rentas de más de 150.000 euros, lo que implicaría este impuesto solo subiría para un 0,5% de los contribuyentes.

Tampoco está claro si el Ejecutivo acometerá en los próximos presupuestos la reforma del impuesto de Sociedades, que se planteó al comienzo de la legislatura mediante una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones y del 18% para entidades financieras y energéticas, además de rebajar del 25% al 23% la tributación de las pymes que facturen menos de un millón de euros.

En cuanto al impuesto de Patrimonio, para el que se preveía un alza del 1% del tipo a las fortunas de más de 10 millones de euros aunque sin retirar las bonificaciones autonómicas, podría no incluirse en los presupuestos debido a que Hacienda considera que no se conseguirá elevar su recaudación, segúnLa Información.

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Otra de las medidas que está todavía en el aire es la eliminación de reducciones y exenciones fiscales a determinadas actividades, como los planes privados de pensiones o la educación y la sanidad privadas, siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Sin embargo, el Gobierno podría haberse echado atrás en las últimas semanas en su intención de retirar el tipo reducido de IVA del que disfrutan la educación y sanidad privadas para elevarlo al tipo general del 21%, según ha asegurado ABC citando a fuentes de Hacienda.

En cambio, la eliminación de los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados sí entra en los planes del Ejecutivo, segúnEuropa Press. Mientras, la Airef ha asegurado que eliminar las deducciones supondrá un ahorro para las arcas públicas de 1.635 millones de euros.

Por último, la regulación de los precios del alquiler, que también formaba parte del acuerdo de coalición, ha sido motivo de polémica en el Gobierno, aunque la necesidad de apoyos parlamentarios podría suponer la aprobación de esta medida, ya que cuenta con el respaldo de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, cuyos votos serán necesarios para validar los presupuestos.