Del descuento a la gasolina a la rebaja del IVA en supermercado: cómo matar moscas a cañonazos

Podría decirse que la inflación es clasista: cuanto menor es la renta, mayor es el castigo. En cambio, el escudo social lanzado por el Gobierno para aliviar el mordisco de precios no distingue de bolsillos, y eso es un problema.

Las medidas estrella del plan de choque del Gobierno contra la inflación tienen en común un alto impacto presupuestario y mediático, y que ni son progresivas, ni redistributivas. En otras palabras: cuestan mucho dinero, pero se venden bien, y benefician más a los ricos, cuando quienes más sufren por la pérdida de poder adquisitivo son los hogares más pobres.

El efecto es bastante parecido al de matar moscas a cañonazos: más del 80% del gasto en estas medidas no distingue de rentas, frente a solo un 10%-15% que dirigidas específicamente a colectivos afectados, según cálculos del Banco de España. 

De las 3 medidas estrella aprobadas por el Gobierno en los últimos meses (la rebaja del IVA a la luz y el gas, rebaja del IVA a los alimentos y bonificación al combustible), las rentas más altas se han beneficiado de un ahorro un 75% superior que las rentas bajas (1.574 millones de euros de diferencia).

Si el impacto de la inflación es mayor en unas rentas que en otras, tendría sentido que las medidas aprobadas para aliviar su impacto también estuvieran más orientadas a los colectivos que sufren más. La inflación experimentada por el 30% de los hogares de menor renta es del 11,3%, frente a un 9,7% en el caso del 30% de los hogares de mayor renta, calcula el Banco de España.

Pero se trata de medidas efectistas: tan vistosas como los fuegos artificiales, pero igual de efímeras. Su función no pasaba tanto por atajar un problema de forma quirúrgica; cuanto por generar el máximo impacto entre la población para calmar las aguas. 

"La mayor parte de estas medidas han presentado un carácter relativamente generalizado y han afectado a la totalidad o a una gran parte de la población", señala el Banco de España en un reciente informe.

El descuento de 20 céntimos al combustible, por ejemplo, duró solo 9 meses. La bonificación nació como un movimiento del Gobierno para acallar las protestas de los transportistas, cuyo paro tuvo lugar precisamente 10 días antes de que se aprobara la medida. El Gobierno vio venir la ola de malestar, y anunció la rebaja.

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La rebaja no sólo no era progresiva ni redistributiva, sino que además implicaba premiar a quien más contaminara, y una parte del dinero fue a parar a márgenes empresariales. Según los cálculos de Analistas financieros internacionales (Afi), cuando el Gobierno aprobó la medida, la mayoría del descuento (alrededor de unos 15 céntimos) se los quedaba el oferente, por lo que el consumidor apenas percibía una mínima parte del mismo. 

De los 3.065 millones de euros que costó la rebaja al combustible, las rentas altas se aprovecharon de un ahorro de 1.377 millones, frente a solo 472 millones en el caso de los hogares con menores ingresos. Una diferencia del 192% que la convierte en la medida que más desigualdad provocaba.

No aplicarla, sin embargo, podría haber tenido consecuencias peores en términos de protesta. La rebaja era un bálsamo contra el malestar. 

"Lo que más enerva a la gente son los cambios en el precio de productos energéticos y del transporte", explica José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra.

Y funcionó: las protestas remitieron, y la inflación general empezó a moderarse. Para diciembre, España tenía la tasa más baja de toda la eurozona. El 31 de ese mes, el Gobierno retiró la medida. 

Pero al final de una rebaja le siguió el anuncio de una nueva rebaja. Esta vez, al IVA de algunos alimentos básicos. El 27 de diciembre, el Gobierno anunció una bajada que afectaba al precio del aceite, la pasta, el pan, la harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. 

La sustitución de la rebaja al combustible por otra rebaja generalizada, esta vez con menos externalidades, no es mera casualidad. En 2022 era la energía (y el combustible, en concreto), la leña que inflamaba el malestar social. En 2023, en cambio, lo que está incendiando los bolsillos son los alimentos, cuyo precio se ha disparado a cotas nunca vistas.

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La idea era que esta rebaja fiscal se tradujera en una cesta de la compra más barata. El menor precio de los alimentos serviría para aliviar a unos hogares que llevan más de un año perdiendo poder adquisitivo.

Pero no parece que vaya a ser así o, al menos, no del todo. "La reducción beneficia más a las personas y hogares con rentas elevadas, que, seguramente, no necesitan esa ayuda", asegura un informe elaborado por Fedea, que calcula los efectos de la medida.

De los 645 millones desembolsados en la medida, las rentas altas se han ahorrado 240 millones de euros, frente a los 142 millones de las más bajas. Una diferencia de un 70% entre ricos y pobres.

"Es una medida menos regresiva que la de los combustibles, teniendo en cuenta que quien más usa el coche son rentas altas, y comer, comemos todos. Pero quizás en la cesta de la compra de las rentas más bajas los alimentos pesen más", explica María Romero, socia directora de Economía de Afi.

"La reducción beneficia más a las personas y hogares con rentas elevadas, que, seguramente, no necesitan esa ayuda", corrobora otro informe elaborado por Fedea. Concretamente, los hogares ricos se ahorrarán 60,7 euros de media, frente a 22,4 euros de rebaja de las rentas bajas, casi 3 veces menos.

Pero, como ocurrió con la bonificación al combustible, la rebaja del IVA es una medida con vocación de desaparecer. "Su impacto en ha sido modesto, por el momento, y esperamos que así sea hasta su vigencia (está previsto levantarse a finales de mayo-principios de junio, depende de la evolución de la inflación subyacente)", añade Romero.

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Por lo pronto, e igual que ocurrió con la bonificación al combustible, la rebaja sí está surtiendo efecto, pero no el suficiente.

"En teoría la bajada del IVA para los productos básicos no es una mala medida, y si es en productos básicos donde se concentra el consumo de los que tienen más dificultades puede ser hasta equitativa. El inconveniente no es tanto la recaudación, sino que finalmente la bajada de impuestos no se traslade al precio final", observa Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade.

Lo cierto es que, según los economistas, el esfuerzo invertido en la rebaja no está siendo proporcional a su impacto en el ahorro de las familias. 

Al no ser una medida focalizada y distribuida de forma directa (por ejemplo, vía ayudas), la consecuencia es que una parte de la rebaja se queda por el camino: de los 700 millones de euros de gasto público que el Gobierno invirtió en la medida, los hogares solo han percibido un 31% de la misma.

Esto se ha traducido en un ahorro muy simbólico en la cesta de la compra. Los hogares se ahorrarán 40 euros en 6 meses o, lo que es lo mismo, una compra mensual que sale unos 6,5 euros más barata por familia, según cálculos de Fedea.

Ese descuento podría ser el triple si estuviera dirigido solo a hogares vulnerables. "Si sustituyéramos la rebaja del IVA por ayudas directas concentradas en el 40% de los hogares con menores ingresos, el coste de la medida se reduciría a un tercio del actual o, alternativamente, podríamos multiplicar por 3 la ayuda media con el mismo coste agregado", recomienda Fedea.

Por el contrario, Fedea avisa de que una parte de esa reducción sí que podría terminar "trasladándose a una mejora de los márgenes empresariales". Análisis con el que coincide María Romero, que explica que "la reducción en el precio final no es proporcional a a rebaja del impuesto".