Cómo debe ser el gran pacto de rentas entre sindicatos y empresarios que evite el descalabro de la economía española

El Gobierno ha resucitado hoy las negociaciones con sindicatos y empresarios para alcanzar un gran pacto de rentas. El objetivo es lograr un acuerdo que permita contener una inflación desbocada y repartir las cargas de su impacto en hogares y empresas.

“En este momento es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios se contengan”, ha dicho la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, al terminar la reunión con los agentes sociales.

El Gobierno ha destacado un inicio de las negociaciones “fructífero”, aunque por el momento no ha cristalizado en nada. Todo lo que se sabe es que las negociaciones continuarán, que el Ejecutivo quiere que sea un pacto de rentas que dure 3 años, y que incluiría una subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Las vicepresidentas y ministras de Economía, Nadia Calviño; de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Transición energética, Teresa Ribera, se han reunido esta tarde con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT, y de los empresarios CEOE y Cepyme, para relanzar las negociaciones del pacto.

En los últimos días no dejan de sonar frases como: "Vienen tiempos difíciles", "Toca apretarse el cinturón", "La guerra de Putin va a hacerlo todo más duro", "El daño económico puede ser devastador"... 

La sociedad tiene claro que, si había luz al final del túnel tras dos años de pandemia, la salida todavía queda lejos. Lo que necesita saber ahora es cómo se piensa salir del túnel, y si hay voluntad política más allá de intereses cortoplacistas.

La guerra de Rusia en Ucrania se antoja larga, y está trasladando su impacto a las economías en forma de una subida descontrolada de precios que ya golpea al poder adquisitivo de los hogares. Basta con pasarse por el súper, una gasolinera o mirar la factura de la luz. 

Hace meses que, para frenar la escalada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó a sindicatos y empresarios a llegar a un gran pacto de rentas. Pero no funcionó: los trabajadores reclamaban una subida salarial que los empresarios no estaban dispuestos a asumir, en parte, por el riesgo de que llevara a una peligrosa espiral de precios.

Pero eso fue en marzo, y desde entonces la situación, lejos de mejorar, ha llegado a un punto en el que se teme por una recesión económica. Así las cosas, el Ejecutivo ha vuelto a la carga, convocando de nuevo una mesa de negociación para alcanzar un pacto de rentas.

La idea es negociar un acuerdo en materia de salarios que mitigue la pérdida de poder adquisitivo sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas. En otras palabras: si la guerra va a golpear sí o sí a hogares y empresas, habrá que repartir las cargas.

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Subir salarios, pero no demasiado: un equilibrio difícil

La situación ha dado un vuelco en cuestión de semanas. En enero, el presidente del Gobierno pedía evitar que la escalada de la inflación "acabara impregnando al resto de la economía". En otras palabras: pedía contención salarial. Ahora, apremia a los agentes sociales para alcanzar un pacto de rentas. ¿Qué ha cambiado?

"Hasta ahora había esperanzas en que la situación que vivíamos fuera transitoria, que en primavera habría un respiro", explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. 

Tanto el BCE, como el Banco de España o el FMI esperaban que tanto la crisis de suministros como la escalada de precios empezaran a suavizarse en la segunda mitad del año. Si eso era así, la mejor solución era aguantar y evitar el peligro de caer en una espiral descontrolada de salarios e inflación. 

¿Es buena idea subir los salarios para aguantar una inflación desbocada?

"Con el shock de la guerra, la subida de precios ha dado un estirón muy grande. La esperanza de que esto desaparezca en un mes es prácticamente cero. Por eso hay una mayor urgencia de un pacto de estas características", añade De la Fuente.

Unos Pactos de la Moncloa 2.0

"Estamos ante un shock que recuerda a la situación vivida en la década de los 70, con riesgo de estanflación (escalada inflacionaria con estancamiento económico)", explica Alicia Coronil Jónsson, doctora en Economía por la Universidad San Pablo CEU y economista jefe de Singular Bank.  

La crisis del petróleo de 1973 golpeó de lleno a la economía. Los efectos tardaron en notarse en España, pero cuando llegaron, fueron devastadores: para 1977, la inflación llegó a superar el 26%. Ese mismo año, en plena transición a la democracia, se firmaron los Pactos de la Moncloa, que buscaban dar estabilidad política, pero también emprender una profunda reforma económica que contuviera la inflación.

"Se quiere evitar una mayor espiral de precios-salarios. De ahí ese pacto de rentas que recuerda a los pactos de la Moncloa", añade Coronil.

"Hace falta un acuerdo entre empresarios, trabajadores y con la colaboración de las Administraciones Públicas, para tratar de repartir los costes económicos que esta guerra va a implicar, pero tratando de reducir al máximo sus efectos negativos, que serán notables", coincide Pedro Aznar, profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade.

Repartir cargas entre empresas y trabajadores

La primera regla es asumir que es imposible neutralizar completamente el impacto que viene. Lo que puede hacerse es mitigarlo. "Es importante que los actores sociales internalicen que es imposible compensar totalmente el repunte de precios energéticos", resume Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas.

El Banco de España todavía fue más tajante, cuando hace unas semanas avisó de que la pérdida de poder adquisitivo es inevitable: "La naturaleza de la perturbación exige que empresas y trabajadores acepten, respectivamente, una moderación de sus márgenes y una cierta pérdida de poder de compra de sus salarios".

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El objetivo, aclara De la Fuente, "es llegar a un acuerdo donde aceptemos que somos más pobres por la subida de la inflación y repartamos los daños entre una parte y otra. Los trabajadores aceptan subidas por debajo de la inflación, y las empresas aceptan subir los salarios y no trasladar demasiado el impacto a precios finales".

El problema aquí es la de casilla de salida. Los sindicatos se quejan de una situación de partida desventajosa para los empleados. 

Tras la devaluación salarial que se hizo en la última crisis para ganar competitividad, los salarios han evolucionado de forma muy contenida. Desde 2009, el precio de la cesta de la compra ha escalado un 15%, pero el salario medio apenas lo ha hecho un 6,4%, según datos de Adecco. Eso significa que los españoles han perdido poder adquisitivo desde entonces, y la escalada inflacionaria ahora es el golpe de gracia.

El Estado también debería poner de su parte

A la hora de repartir cargas, el debate se centra en trabajadores y empresas, pero el Estado también debería asumir una parte, afirman los expertos.

"El Estado también debería jugar un papel a la hora de repartir las cargas", defiende Coronil. 

¿Cómo? Dándole un respiro vía fiscal a empresas y hogares. "Igual que en 2013 hubo una subida de impuestos por necesidad de recaudación resultado de la crisis, ahora podría haber lo contrario", añade.

Este movimiento permitiría liberar renta para las familias y margen de maniobra a las empresas sin que ello perjudique la competitividad del país o introduzca más rigideces. 

En otros países, señala Coronil, se ha anunciado la reducción de impuestos en productos básicos o hidrocarburos, de manera que el consumidor ve que no pierde tanto poder adquisitivo. 

Es cierto que el Gobierno tiene poco margen y una deuda astronómica, pero igual de cierto es que hay más de 65.000 millones de euros de gasto público que podría ser poco eficiente, según la Airef, y de donde quizás podría rascar.

Evitar como sea una espiral inflacionista

En junio, la inflación se disparó un 10,2%, la tasa más elevada desde 1985, en plena crisis del petróleo. El gran problema de indexar la subida de salarios a una inflación desbocada es que puede ser peor el remedio que la enfermedad.

"Un incremento en salarios similar al de la inflación general puede llevar a las empresas a trasladar todo el aumento en costes a precios (generando más inflación) o, si deciden sacrificar márgenes y mantenerse competitivos, reducir inversión y empleo", avisa Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research.

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"Hay que evitar entrar en una espiral inflacionista, ya que debilitaría la economía española, ahora inmersa en una etapa de recuperación. Los salarios tienen que aumentar, porque son bajos en comparación con nuestra productividad, pero no de forma que la inflación se enquiste", coincide la Dra. Marta Bengoa, catedrática de Economía Internacional en City University of New York y vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Comercio Internacional y Finanzas de EEUU. 

La receta "sensata" de la inflación subyacente

En su lugar, los expertos coinciden en fijarse en la subida de la inflación subyacente, que excluye del cálculo los alimentos no elaborados y productos energéticos. Aún así, ésta ha aumentado sobremanera en los últimos meses, lo que augura que la inflación se está incrustando en la economía. Si en enero era del 2,4%, en junio ya había escalado al 5,5%.

"Una referencia para el conjunto de la economía y para el pacto de rentas, sería la inflación subyacente, que incluye el 80% de los bienes y servicios de la canasta básica", aclara Cardoso.

"El IPC subyacente constituye una referencia sensata para las negociaciones salariales, ya que asegura un reparto relativamente equilibrado del 'impuesto' energético entre empresas y trabajadores", corrobora Torres.

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Una subida por debajo del crecimiento de la productividad

Esa subida salarial, explica Aznar, también puede conllevar riesgos si está por encima del crecimiento de la productividad: "El tejido empresarial en determinados sectores se ha visto muy castigado por la caída de ventas derivada de la crisis del COVID-19, y sin duda la guerra en Ucrania afecta al comercio internacional". 

Es el caso del turismo, el comercio o la hostelería. Sectores económicos que todavía están lejos de recuperar todo lo perdido por la crisis y que, por tanto, no son tan productivos como antes de la pandemia (la mitad de los empleados en ERTE se concentran en estos sectores, por ejemplo).

El riesgo de perder competitividad

La economía española es una de las que más está sufriendo la subida de la inflación. En enero, la inflación en Francia fue del 2,9%, en España fue más del doble (6,1%).

Cuando la subida de salarios se debe a la inflación y no a que las empresas produzcan más (ganancia de productividad), se puede producir una caída de la competitividad.

"Necesitas una subida, pero no te puedes pasar subiéndolos si no va acompañado de productividad, porque vas a empeorar tu posición competitiva. Esto puede convertirse en pan para hoy y hambre para mañana", avisa Francisco Vidal, economista jefe de Intermoney.

En ese sentido, de nuevo, el IPC subyacente puede ser una buena referencia. Como apunta Torres, éste "está creciendo al compás de los principales socios de la eurozona. Por tanto, al adoptar esa referencia, se garantiza la competitividad de nuestro aparato productivo".

¿Limitar los beneficios empresariales?

Si de un lado los sindicatos aceptan una subida de salarios por debajo de la inflación a pesar de la pérdida de poder adquisitivo, repartir las cargas significaría que las empresas deberían evitar, en la medida de lo posible, trasladar las subidas al precio final de los productos. Eso puede implicar reducir márgenes de beneficio.

Para Aznar, el pacto de rentas tiene relación "con el compromiso de mantener empleo, aumentos moderados de los salarios, aceptar reducciones de los niveles de beneficios. Todos aceptan sacrificios parciales, por ejemplo, los salarios suben pero no al nivel de la inflación, pero procurando que no se destruya tejido productivo y mantener empleo".

"No veo factible limitar los beneficios empresariales en general, pero sí contener los del sector eléctrico. Este es un tema que se está debatiendo en Bruselas, como parte de una posible reforma del mercado eléctrico", señala Torres, por su parte.

España, un país de pymes

A la hora de negociar las subidas, no hay que perder de vista que España es un país de pymes. El 99,8% de las empresas son pymes (y el 94% microempresas).

"La capacidad de las empresas para afrontar este shock en España es menor que en otros países. Con empresas de menor tamaño, lo tenemos difícil para conseguir paliar un shock sin precedentes sin perder productividad", avisa Coronil. 

La pregunta que se hace Coronil es cuánto van a soportar las empresas estos incrementos de costes: 

"Hay que recordar que a las empresas españolas se le han añadido unos sobrecostes importantes, entre subida de cotizaciones y de salario mínimo, a lo que se suma la escalada de costes de producción, y la crisis y la guerra no ayudan a su recuperación. Si establecemos vías muy exigentes puede haber empresas que sufran mucho porque su realidad es otra".

Establecer unas bases comunes y concretar empresa por empresa...

Para Coronil, una forma de salvar el problema del tamaño sería establecer unas bases comunes en ese pacto, "pero dar flexibilidad a empresarios y trabajadores para que puedan concretar el resto a nivel de empresa".

"Las subidas salariales deben depender de la situación de la empresa. No debería haber una referencia única", coincide Cardoso.

Cada empresa, cada sector, tiene una situación particular en relación a cómo encaja las subidas de costes, cuánto puede aumentar su productividad, cómo le afecta la posición competitiva exterior... apunta Vidal, que recomienda evitar indexar las subidas salariales al IPC, "porque dan una respuesta muy homogénea a realidades muy distintas".

... O sector a sector

Otra posibilidad es concretar estas subidas por sectores. Sobre todo porque la pandemia ha abierto una brecha en la economía, con sectores particularmente golpeados y otros que, incluso, han salido ganando.

"Hay sectores, como el del alojamiento, que han visto una reducción significativa de la demanda durante la pandemia", señala Cardoso, y añade:

"Añadir a la pérdida de competitividad generada por el aumento del combustible un incremento en el coste salarial puede hacer que muchas empresas en este tipo de sectores entren en pérdidas, reduzcan la inversión o la contratación. Por otro lado, puede haber sectores beneficiados por la recuperación, que han visto incrementos en la productividad durante los últimos años y donde los salarios pueden crecer incluso más que la inflación".