¿Qué va a pasar con la movilidad? Estas son las cuentas pendientes para el nuevo Gobierno

El adelanto electoral ha trastocado muchos planes, entre ellos la aprobación de muchas leyes que ahora se han quedado en el tintero. Un sector que se ha visto especialmente afectado ha sido el de la automoción. 

Entre las medidas más importantes que se han quedado pendientes se encuentra la ley de movilidad sostenible, que pese a haber sido aprobada como proyecto de ley y haber sido trasladada a las Cortes, con el adelanto de las elecciones se ha bloqueado. 

"Esta ley de movilidad sostenible debía estar tramitada y aprobada en 2023, cumpliendo así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) acordado con Bruselas", recuerda Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto. Además, añade que "está incluida en el compromiso de recuperación, por lo que terminará habiendo una ley de movilidad, pero la redacción del texto la realizará el partido que que logre formar Gobierno". 

Según exponía en su momento el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta ley sería "una herramienta fundamental para promover la descarbonización y digitalización del transporte, contribuyendo a lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero".

Sin embargo, Anfac no estaba tan de acuerdo con esta ley. "En el anteproyecto de ley que se presentó no entendimos que proponga un modelo de movilidad en el que se prioriza un medio de transporte sobre otro, sino que lo ideal, como ocurre en Europa, es garantizar un modelo en el que ciudadanos y empresas puedan elegir su medio limpio y sostenible para moverse libremente".  

El vehículo eléctrico aparece en todo los programas electorales

La movilidad sostenible es uno de los principales retos que tiene España marcado en rojo de cara a Europa para los próximos años, siendo el sector de la automoción en que más preocupa. Es por eso que los 4 principales partidos —PSOE, PP, Sumar y Vox— cuentan con propuestas en estas materias en sus programas electorales. 

Tanto PSOE como PP son más laxos en sus medidas. El partido liderado por Pedro Sánchez prometía "aprobar una ley de movilidad sostenible y crear un fondo estatal de contribución". Por su parte, el Partido Popular pretendía "impulsar un plan de automoción España 2030 y la estrategia española de economía circular 2030, mejorando la coordinación de la legislación estatal y autonómico".

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Sin embargo, el principal punto en el que debe acelerar España es en la electrificación del parque móvil, ya que va muy retrasada en comparación con el resto de países europeos. En este sentido, el partido de Yolanda Díaz es el más ambicioso. Su propuesta es "facilitar el acceso al vehículo eléctrico, simplificando las ayudas a la compra e introduciendo criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales".

En este sentido, Anfac recuerda que es necesario que se amplíe y refuerce la infraestructura de recarga y repostaje de combustibles alternativos de acceso público, un elemento clave e imprescindible para favorecer la descarbonización del transporte.

"Nosotros pensamos que para este año debería haber 45.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos de acceso público y apenas tenemos 28.000, de los que 6.500 están instalados, pero no operativos. Además, es necesario incentivar el mercado de vehículo electrificado. Hasta junio, la cuota de penetración de estos turismos es del 11% mientras que en Europa supera el 20% y en Portugal, el 26%", señalan a Business Insider España. 

La nota discordante la ofrece Vox. Según se puede leer en su programa, el partido de Abascal se compromete a "revitalizar la industria del automóvil y de partes y componentes para asegurar la posición dominante en el sector, garantizando la convivencia de todos los vehículos y suspendiendo de forma inmediata la prohibición del motor de combustión para 2035". Esta norma está aprobada por la Unión Europea.

Algo completamente contrario a lo que pedían los agentes sociales. "Desde Faconauto hemos pedido a los partidos que la descarbonización de la movilidad sea uno de los ejes esenciales en los programas con los que concurren a las generales del 23 de julio. Esto tendría un impacto positivo en nuestro país, el cual arrastra un retraso notable respecto a países vecinos. Los objetivos han sido claramente planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y exigidos por la Unión Europea en el Objetivo 55 (Fit for 55)", indica Morales.

Para lograr estos objetivos, tal y como señalaba Anfac, es necesario que el próximo Gobierno impulse los coches eléctricos. De hecho, el año que viene será un punto de inflexión, ya que el país debe cerrar 2024 con 190.000 vehículos electrificados, lo que representa el 19% de la cuota de mercado. 

"Desde este dato, y para que nuestro país se acerque a los objetivos de descarbonización que establece el PNIEC, la cuota de mercado de turismos y todoterrenos electrificados tendría que incrementarse en 7 puntos al año de aquí a 2030, cuando supondrían el 60% del mercado y 600.000 matriculaciones", añade el responsable de Faconauto. 

El Plan Moves y las ZBE, puntos pendientes

Para lograr la ansiada descarbonización del parque móvil, es fundamental que los precios de los coches eléctricos se reduzcan para que los usuarios puedan optar a ellos. Hasta ahora, estaba implantado el Plan Moves III. Sin embargo, tanto los diferentes organismos como los fabricantes pedían un cambio en esta ayuda.

"Desde la patronal hemos señalado que en el próximo ejercicio se ha de producir un punto de inflexión en las matriculaciones de vehículos electrificados, lo cual, pasa, indispensablemente, por introducir mejoras en el Plan Moves y cambios en la fiscalidad", afirma Raúl Morales. 

"El Gobierno central debe ayudar a las comunidades autónomas en la homogenización de su gestión del plan, buscando la fórmula para que los propietarios obtengan un descuento del vehículo en el momento de su compra, así como la ampliación del límite de la ayuda hasta los 65.000 euros y que se asegure la continuidad de este dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales, ampliable a toda la legislatura", añade el responsable de comunicación de Faconauto. 

Por otro lado, otra de las normativas que más revuelo han causado en estos últimos tiempos son la implantación de las denominadas Zonas de Bajas Emisiones. Debido a la aprobación de la ley de  cambio climático y transición energética, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para mejorar la calidad del aire. Esta medida va a afectar a casi 150 municipios españoles y debe entrar en vigor antes de que termine este 2023.

Además, la normativa también indica que se podrá aplicar a los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de los contaminantes regulados en el Real Decreto de la calidad del aire.

Las Zonas de Bajas Emisiones son unas áreas delimitadas dentro de las ciudades donde se aplican una serie de restricciones de acceso a la circulación a determinados tipos de vehículos para tratar de reducir los gases de efecto invernadero. Estas áreas se identifican por una señal vertical antes de la entrada en el tramo donde también figuran las etiquetas ambientales admitidas. 

Esta media también ha despertado ciertas antipatías en los diferentes actores. Es por eso que Anfac ha propuesto una Zona de Bajas Emisiones "práctica e inclusiva". Afirman a Business Insider España que "en el real decreto se priorizaba la ciclo logística para la última milla cuando en España se fabrican ya furgonetas 100% eléctricas para el transporte de última milla".

"Además, en la ley de movilidad sostenible se pretendía introducir una tasa de acceso a dichas zonas cuando son los ayuntamientos los que pueden diseñar las limitaciones que consideren convenientes para cumplir con los fines establecidos para las ZBE y que, supuestamente, son los mismos que pretendería regular dicha tasa. Desde Anfac, creemos que no se debería incluir la posibilidad de tasas de acceso a las ciudades en la futura ley", concluyen.

Estos son los principales puntos sobre movilidad que se han quedado pendientes en esta legislatura y que el próximo Gobierno de España deberá atajar cuanto antes, ya que Europa vigila de muy cerca.