Japón sancionará la reventa de mascarillas con un año de cárcel o una multa de 8.400 euros

El miedo al contagio con el coronavirus covid-19 ha provocado robos, falsificaciones, ventas con precios desorbitados y el desabastecimiento de mascarillas y desinfectantes en todo el mundo. 

Japón, que cuenta ahora mismo con 582 contagiados, 12 fallecidos y 102 recuperados, ha anunciado que a partir del 15 de marzo se considerará delito la reventa de mascarillas con fines de lucro y precios desorbitados. 

"Queremos asegurarnos de que el consumidor medio pueda obtener mascarillas", ha dicho un funcionario del Ministerio de Comercio, según recoge The Japan Times. 

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La reventa de mascarillas con costes superiores al precio de compra será castigada con 1 año de cárcel o 1 millón de yenes, es decir, unos 8.400 euros —aunque también podrían aplicar las 2 sanciones simultáneamente. 

Además, según el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aumentarán el suministro de mascarillas faciales a 600 millones por mes con el objetivo de abastecer principalmente a los centros de salud. 

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De momento, la reforma de la ley de 1973 —promulgada por el pánico durante la crisis petrolera— sólo tendrá en cuenta las mascarillas, pero los productos de primera necesidad o los geles desinfectantes también podrían incluirse. 

Francia requisa mascarillas y fija el precio del gel, mientras Italia sanciona con un mínimo de 21 años de cárcel si sales de casa con síntomas de coronavirus

Algunos países como Francia e Italia en Europa —pero también plataformas e-commercecomo Amazon— están tomando medidas severas para controlar la reventa con fines de lucro y evitar quedarse sin suministros de productos sanitarios. 

Por su parte, Emmanuel Macron, presidente francés, anunció que se requisarían todas las mascarillas del país para suministrárselas a los pacientes realmente afectados o en riesgo por el Covid-19 —infectados, alérgicos, inmunodeprimidos y oncológicos— y se ha decretado un precio fijo para el gel desinfectante. 

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Mientras, en Italia han anunciado que aquellos que tienen síntomas del Covid-19 y salen de su casa pueden ser sancionados con un mínimo de 21 años de cárcel por homicidio con dolo, es decir, intencionado. Y, aquellos que falsifican la autocertificación, pueden ser arrestados por acto delictivo con hasta 6 años de prisión.

Sin embargo, en España, con más de 1.600 casos, 36 muertos y 135 recuperados, aún no ha anunciado restricciones similares a pesar de cesar actividades educativas en comunidades como Madrid y La Rioja o localidades alavesas de Vitoria y Labastida, actividades culturales en la capital y recomendar el teletrabajo.