Más impuestos y recortar gasto público: la fórmula mágica del FMI contra la inflación
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- Acabar con la inflación a toda costa se ha convertido en la meta que lleva de cabeza a gobiernos y bancos centrales de todo el mundo. Pero los bancos centrales empiezan a quedarse sin margen de acción.
- Para acelerar el proceso, el FMI ha salido ahora con una recomendación un tanto impopular: gobiernos, suban impuestos y recorten gasto.
Acabar con la inflación a toda costa se ha convertido en la meta que lleva de cabeza a gobiernos de todo el mundo (y a los bancos centrales, claro). Y aunque se va consiguiendo, es a un ritmo exasperante: si el año pasado la inflación estaba en el 8,7%, este año seguirá muy alta, en el 6,8%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía mundial.
Para acelerar un poco el proceso desinflacionario, el FMI ha salido ahora con una recomendación un tanto impopular: gobiernos, suban impuestos y recorten gasto.
"Los recortes del gasto público y las subidas de impuestos por medio de leyes para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública pueden reducir más la inflación", observa el organismo en su último informe de actualización de previsiones para la economía mundial.
Normalmente, la de apagar el incendio inflacionario debería ser tarea de los bancos centrales por medio de subidas de tipos de interés. En el caso del Banco Central Europeo (BCE), hace justo un año que se marcó como objetivo embridar una inflación galopante, y en julio de 2022 comenzó a subir tipos.
Para entonces, la escalada de precios había alcanzado cotas históricas en la eurozona, y viendo que no era posible frenarla en seco, los gobiernos europeos sacaron la artillería fiscal para aliviar el impacto de la inflación en el bolsillo de hogares y empresas.
El problema es que, según avisa el FMI, una y otra son misiones antagónicas. Por poner un ejemplo gráfico: es como si la economía estuviera ardiendo por la inflación, y mientras el banco central echa un jarro de agua fría para apagarla, el gobierno pusiera estufas de gas para no pasar frío.
A esto se suma que, en los próximos meses, los bancos centrales van a tenerlo un poquito más difícil para continuar con sus políticas restrictivas. Básicamente porque ya han apretado mucho las tuercas, y forzar la máquina puede llevar a desequilibrios financieros como los sufridos hace unos meses con la quiebra de SVB y la crisis de Credit Suisse.
"Si bien los principales responsables de restaurar la estabilidad de los precios son los bancos centrales, los recortes del gasto público y las subidas de impuestos por medio de leyes para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública pueden reducir más la inflación, al moderar la demanda agregada y al apuntalar la credibilidad general de las estrategias de desinflación", explica el FMI.
Esto, matiza el FMI, es especialmente cierto en el caso de países con economías sobrecalentadas y que enfrentan difíciles disyuntivas entre inflación y empleo (como EEUU, donde el paro está en mínimos y el mercado laboral arde). Sin embargo, no sería exactamente el caso de la economía española, donde la subida de la inflación tiene más que ver con un encarecimiento de la oferta derivado del aumento de costes, y no con un recalentamiento de la demanda o un mercado laboral al rojo vivo.
De hecho, en el caso de España, el Gobierno logró compatibilizar un salvavidas de gasto público para aliviar el impacto de la crisis de precios, con el objetivo de convertir a España en el país con la inflación más baja de la eurozona.
La receta esbozada por el organismo pasa por mantener las subidas de tipos, mientras los gobiernos orientan su política fiscal en la misma dirección que los esfuerzos de los bancos centrales. ¿Cómo? Retirando algunas de las medidas de alivio lanzadas durante la crisis de precios, "como las bonificaciones energéticas", por ejemplo. Pero sin suprimir las ayudas destinadas a los colectivos más vulnerables, ni caer en el austericidio.
Los escudos de ayudas anticrisis han servido para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, pero también para todo lo contrario. Los límites de precio o bonificaciones generalizadas son medidas de alivio, pero también estimulan el consumo, lo que a su vez aumenta la inflación.
Es la misma recomendación que también han lanzado a España desde la Comisión Europea, o la OCDE, en esta entrevista con Business Insider España. Ahora que la tormenta energética se ha calmado y los precios regresan a su cauce, no tiene sentido mantener subsidios que aliviaban un encarecimiento que ya no se está produciendo.
Sobre todo porque, mientras sigan en vigor estas medidas, la deuda pública seguirá subiendo, y en algunas economías ya empieza a alcanzar niveles insostenibles. De hecho, el FMI alerta de que, en el caso de países sobreendeudados, "es posible que para lograr la sostenibilidad de la deuda se necesite no solo una consolidación fiscal bien programada sino también la reestructuración de la deuda".
En los últimos meses, el Gobierno ha desembolsado 45.000 millones de euros de fondos públicos en medidas para aliviar el impacto de la inflación, entre rebajas fiscales, bonificaciones al transporte, ayudas directas y topes de precio de la electricidad y límites a los alquileres.
"Estas medidas nos han ayudado a reducir la inflación en 5 puntos en 5 meses y hacer esta crisis un poco más llevadera para muchos", decía a principios de año el presidente, Pedro Sánchez. Pero también han elevado la deuda, dejándola en el 112,8% del PIB, uno de los niveles más altos de la UE.
Lo que la incertidumbre política pone en peligro en España
En su último informe de previsiones para la economía mundial, el FMI sitúa a España como el país que más crecerá este año y el que viene, pero también como la economía que más mejora su crecimiento respecto a las anteriores estimaciones, lanzadas en abril.
Pero la actualización de previsiones del organismo no incorpora el posible impacto de los resultados electorales del pasado 23-J sobre el crecimiento económico. Ayer, el Instituto de Estudios Económicos advertía que la incertidumbre política podría provocar un frenazo de la economía, mientras que las agencias S&P y Moody's alertan de que pone en peligro los fondos europeos y la reducción del déficit.
El bloqueo político en España no solo va a complicar importantes cuestiones como la reducción de la deuda. También es probable que implique la prórroga de los actuales presupuestos, y complicará la negociación de los futuros desembolsos de los fondos europeos; en la cuarta entrega de ayudas España se juega 10.000 millones de euros cruciales para mantener el dinamismo de la economía.
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