Ley Rider, más subidas al salario mínimo o regular los precios del alquiler: los deberes del Gobierno para 2021 que la pandemia metió en un cajón
- Acaba de cumplirse un año de la primera reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de coalición, que se ha enfrentado a una situación económica sin precedentes por una pandemia del coronavirus que ha trastocado la hoja de ruta del Ejecutivo.
- La consecución de los nuevos fondos europeos, el ingreso mínimo vital, la tasa Google, la ley Celaá o la nueva ley de Eutanasia sí han conseguido salir adelante a pesar de la crisis.
- Estos son todos los capítulos archivados o conseguidos del Gobierno de coalición en su primer año de mandato.
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En enero de 2020 Pedro Sánchez fue investido presidente del primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia española. Entonces se atisbaba lo que sería un mandato insólito, con un Ejecutivo "con varias voces" pero "una sola palabra", como defendió entonces el mandatario.
Pocas semanas después se supo ver que el mandato sería insólito, pero porque la pandemia de una rara enfermedad provocada por un coronavirus recién descubierto en China había empezado a golpear en el país.
2020 ya es parte del pasado y, a pesar de la situación de emergencia sanitaria, el Gobierno ha logrado sacar adelante algunos proyectos de ley y reformas. Las primeras llegaron en enero: la revalorización de las pensiones al IPC y la subida del salario de los funcionarios públicos. El Salario Mínimo Interprofesional aumentó hasta los 950 euros después de que la ministra de Trabajo lograse un acuerdo con los actores sociales.
Pero enseguida, el coronavirus copó toda la atención mediática y política. Business Insider España ya ha consultado las previsiones de algunos expertos politólogos sobre cómo será el segundo año de mandato de Sánchez e Iglesias. Algunas claves: Cataluña vuelve a las portadas y la polarización no se desvanecerá. La llegada del temporal Filomena y el impacto de la tercera ola del COVID-19 también pueden poner en entredicho muchas de estas predicciones.
Estos son los proyectos políticos que han salido adelante, las tensiones entre socios y las iniciativas que se han quedado en el tintero que ha protagonizado el Gobierno este 2020, ahora que se cumple un año de su primer Consejo de Ministros como Ejecutivo con plenas competencias.
Primeros compases de la legislatura
Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo Gobierno ya con plenas competencias —Sánchez es presidente desde junio de 2018 tras una moción de censura a Mariano Rajoy— fue la de trasladar las sesiones del Consejo de Ministros de los viernes a los martes. Así, en enero y en febrero se celebraron varias reuniones de este órgano, una a la semana, como venía siendo habitual.
Ya el 14 de enero, en el primer Consejo de Ministros del Gobierno, anunció la subida de las pensiones al 0,9% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, advirtiendo que se pagaría la diferencia si el IPC superase esa barrera del 0,9%. Una semana después fue el turno de los sueldos de los funcionarios, que pasaron a crecer un 2% también con carácter retroactivo desde principios del año.
En el Consejo de Ministros del 21 de enero, el Gobierno también aprobó una declaración "ante la emergencia climática y ambiental". Llegaba apenas unas semanas después de que Madrid albergase de urgencia la 25ª edición de la Cumbre del Clima, después de que Chile no pudiese acogerla por las protestas en el país andino.
La referencia del Consejo de Ministros que se celebró el 28 de enero ya incluía un informe que había presentado el Ministerio de Sanidad por el brote de un nuevo coronavirus detectado en Wuhan, China. "A pesar de las restricciones chinas y de que España no tiene vuelos de conexión directa con Wuhan, no se puede descartar que aparezca algún caso importado en España procedente de la zona de riesgo".
Aun así, el 4 de febrero se creó el Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza que presentaba el nuevo coronavirus. El mismo informe vaticinaba que la aparición de casos secundarios de COVID-19 en España era "baja".
Hasta el momento no había trascendido ningún encontronazo entre el PSOE y Podemos como socios de Gobierno, y el Ejecutivo funcionaba engrasado. El 18 de febrero, el Ministerio de Hacienda sacaba del cajón dos proyectos de impuestos que se habían quedado descolgados por los adelantos electorales del año 2019: la tasa Google y la tasa Tobin. Se celebraba cada medida: también la derogación del despido por bajas médicas justificadas.
El coronavirus llega a España
Pese a la tranquilidad inicial, en marzo las cosas escalan rápido. Si en enero y febrero no se habían celebrado más de 9 sesiones del Consejo de Ministros —a razón de una a la semana más otra para hacer nombramientos ordinarios por la formación del nuevo Gobierno—, solo en marzo se registraron una docena de reuniones del gabinete de Sánchez e Iglesias.
El 9 de marzo, el Ministerio de Sanidad empieza a recomendar el teletrabajo y pide flexibilizar el horario laboral y comercial para empezar a combatir una curva de contagios que no hace más que crecer. Al día siguiente, en el Consejo de Ministros, el Gobierno cancela eventos en recintos con capacidad para más de 1.000 personas y adopta las primeras restricciones y medidas económicas para tratar de contener la epidemia.
La epidemia ya es pandemia, según la OMS, y obliga al Gobierno a actuar rápido. Sánchez confirma que decretará el estado de alarma, lo que ratificó en pleno fin de semana tras un Consejo de Ministros que se prolongó durante más de 7 horas a raíz de los encontronazos que se vivieron entre PSOE y Unidas Podemos: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió en que los trabajadores no esenciales se quedaran en sus casas para priorizar la salud. Los socialistas rechazaron la idea.
El estado de alarma se tradujo en un confinamiento en casa salvo para trabajar, lo que impulsó la digitalización de muchos negocios. Finalmente, a finales de marzo, el Gobierno se vio obligado a que los trabajadores no esenciales también se quedasen en casa para tratar de aplanar lo antes posible la curva de contagios.
Cambio de planes en el Gobierno
Mariscal/Pool vía Reuters
El Gobierno dejó a un lado muchos de los propósitos que se incluían en su acuerdo de coalición para anunciar, al poco de comenzar el confinamiento, 200.000 millones de euros, "el 20% del PIB", para crear "un escudo social y económico" contra la pandemia. El Ejecutivo anunció ayudas para pagar el alquiler y la posibilidad de iniciar aplicar ajustes temporales de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor —el coronavirus— y, a la semana, una línea de avales del ICO que se ha ido multiplicando durante el transcurso de los meses.
A pesar de la situación de emergencia, el Gobierno ha logrado ir salvando negociaciones con patronal y sindicatos y, a día de hoy, la prorroga de los ERTE sigue vigente hasta el próximo 31 de enero, con un plazo que es susceptible de ampliarse.
Por supuesto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vio obligada a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que firmó su antecesor, Cristóbal Montoro, un año más. Lo reconoció en rueda de prensa a preguntas de Business Insider España. Eso no ha sido óbice de que finalmente el Ejecutivo haya logrado sacar adelante unas nuevas cuentas públicas para 2021. Ya están en vigor, tras haber logrado superar el correspondiente examen legislativo.
La emergencia sanitaria ha obligado a dejar varios temas en el cajón: más subidas del SMI o el anhelo del Gobierno de simplificar "el menú" de contratos de trabajo combatiendo el fraude de los falsos autónomos y creando un Estatuto del Becario, con el objetivo de que los contratos indefinidos sean "la forma ordinaria de acceso al empleo". De momento no se ha vuelto a hablar de la ya conocida como Ley Rider.
Tampoco del programa de retorno de talento para que los emigrantes que se marcharon en la gran recesión puedan regresar. Ahora, varios analistas confirman que España será uno de los últimos países de la Unión Europea en volver al nivel del PIB previo a la crisis del COVID-19, lo que puede rebajar la animosidad y las expectativas ante medidas de este calado. Este extremo, el de las previsiones del PIB, lo reconocía el propio Sánchez en agosto, durante el balance de la primera mitad de año bajo su mandato.
Lo que sí ha salido adelante
La pandemia no se ha llevado por delante todo el programa del Gobierno. Al contrario, en algunos casos lo ha acelerado. El pasado mes de mayo el Gobierno anunció la aprobación de un hito social histórico, en palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: el ingreso mínimo vital. Se trata de una renta básica que oscila los 462 y los 1.015 euros mensuales para beneficiarios con unos requisitos muy concretos que puedes consultar aquí.
Además de la transposición de varias directivas europeas que llevaban bloqueadas desde el anterior Ejecutivo, el Gobierno también ha conseguido tumbar la anterior ley de Educación para sustituirla por la no menos controvertida LOMCE, también conocida como Ley Celaá.
Una de las últimas normas en superar los escollos parlamentarios —en un Congreso muy fragmentado— ha sido la nueva Ley de la Eutanasia, que proveerá de asistencia a morir en caso de que un enfermo terminal o grave la solicite.
Además de las cuentas públicas, estas normas, la tasa Google o el ingreso mínimo vital, el Gobierno también se ha anotado el punto de conseguir 140.000 millones de euros, de los cuales serán 72.000 millones en ayudas directas —no reembolsables— de los fondos de ayuda europeos Next Generation para paliar la crisis del coronavirus en el continente.
También se han dado varios pasos en algunos de los ejes programáticos del Gobierno, como el de la digitalización de la economía española o el reciente decreto antidesahucios, que también tensó las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos, los socios del Gobierno. En el primer punto, el Gobierno ha presentado la agenda España Digital 2025, la Carta de Derechos Digitales y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocía en agosto, en plena mitad de año, que el Gobierno había activado el 55% de los compromisos y había logrado cumplir un 17,3% de los mismos. A finales del año pasado, en un balance político de 2020, Sánchez anunció en otra comparecencia que el Ejecutivo había logrado cumplir el 23% de los compromisos y el 20% de los acuerdos alcanzados entre los socios de Gobierno.
También elevó sus previsiones: el Gobierno quiere haber cumplido el 32,6% de sus objetivos en junio de este año.
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